DDHH | En busca de la verdad

Lunes, 21 Enero 2019 00:00

“La práctica política en un espacio orgánico es fundamental para enfrentarse a las injusticias y transformar esta sociedad. Sin duda la entrega y la lucha de mis viejos me marcaron, y ojalá haya recibido algo de esa vocación revolucionaria, de esa energía en la militancia.” Irene Provenzano habla dulce y pausadamente con Página/12 sobre su papá, Francisco “Pancho” Provenzano, dirigente del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que hace 30 años tomó junto a sus compañeros el cuartel militar de La Tablada y permanece desaparecido.

“El proceso judicial está siendo muy reparador y aglutinador de la presencia de familiares, hermanos, ex parejas, hijos de compañeros y compañeras caídos en La Tablada para los que por primera vez hablar significa amplificar las denuncias hechas en 1989 casi en soledad, es muy reparador de la memoria de sus viejos, hermanos, tías y tíos, es muy reparador como reivindicación del orgullo que todos y todas tenemos como militantes revolucionarios”, dijo sobre el juicio que está teniendo lugar ante el Tribunal Oral Federal 4 de Morón por el asesinato y desaparición de José Díaz en medio del operativo que reprimió la toma el 23 y 24 de enero de 1989 en ese regimiento del Ejército. La hija del dirigente afirmó a PáginaI12 que el MTP “fue a generar un hecho revolucionario”, y anticipó que emitirán un comunicado que da por tierra la versión oficial que ellos mismos sostuvieron, al decir que se trató de un intento de freno a un golpe de Estado que se estaba gestando en aquellos agitados días finales del alfonsinismo.

Irene Provenzano vive en un PH en Almagro con su compañero Julián y sus hijos Facundo, de 3 años, y Emilia, de 6. Estudió Ciencia Política en la UBA y se dedica a la docencia. “La síntesis de estos dos primeros meses de audiencias es que permitieron revelar cuestiones del encubrimiento judicial, algo que los familiares y los abogados históricos de la causa ya habían denunciado. Hubo un aporte de testimonios y pruebas muy esclarecedor de lo que fue el accionar del juez (Gerardo) Larrambebere y todo el juzgado de Morón. Que a treinta años estemos en esta instancia tiene que ver con el aparato judicial al servicio de garantizar la impunidad de los milicos”, expresó sobre el proceso que tiene como imputado al general Alfredo Arrillaga, máximo responsable del operativo militar que entre el 23 y 24 de enero de 1989 torturó, asesinó y desapareció a integrantes del MTP en la etapa final del gobierno de Raúl Alfonsín. “Los testimonios fueron esclarecedores de las demás responsabilidades militares que empiezan a aparecer, de desentrañar un poco cómo fue el operativo de violación a los derechos humanos que se activó una vez que se consumó la rendición de los compañeros, quedó bien claro que se rindieron 16, que Berta Calvo fue asfixiada, que mi viejo y Carlos Samojedni fueron separados del resto”, agregó.

–¿En qué sentido es reparador el juicio?
Cada vez somos más, es un tribunal muy chico que tiene lugar para doce personas sentadas y todas las audiencias de enero, en medio de las vacaciones, de las actividades de cada uno, están llenas con gente sentada en el piso queriendo acompañar, sintiendo por primera vez que estamos más cerca de saber qué pasó después de que se rindieron y fueron fusilados, con los desaparecidos, con los que recibieron torturas atroces cuando estaban a disposición del juez Larrambebere, y que haya un tribunal que 30 años después los esté escuchando a todos y abriendo la puerta para que esta causa tenga muchas denuncias más es algo muy importante como alumbrador de memoria, verdad y justicia.

–¿En la versión oficial no figuraba la rendición?
–Se rindieron 16 el 24 de enero, los casos de Iván Ruiz y José Díaz son el 23 y serían dos más que se entregan, se rinden y son fusilados y desa- parecidos. Es una rendición que debió seguir con su detención y que los compañeros fueran entregados a la Justicia, y en cambio los fusilan y desaparecen. A esos dos que se entregan el 23 se suman los 16, que terminan siendo 13 por el asesinato de Berta Calvo y la desaparición de mi viejo y el Sordo (Samojedny), y hay muchos compañeros que son presumiblemente muertos en combate el 23, pero hay claros indicios de que muchos fueron detenidos y fusilados. Es el caso de Pablo Ramos, hermano de Joaquín, que declaró la semana pasada en el juicio, cuyo cuerpo es encontrado con un tiro en la cabeza a corta distancia. Y no se sabe qué pasó con él, como tampoco las circunstancias de su muerte. Puede haber más casos en los cuales la impunidad militar y judicial no permitieron investigar.

–¿Cómo vivió en lo personal el ataque al cuartel?
–Cuando pasó lo de La Tablada yo tenía cuatro años, fue una ruptura muy grande respecto de cómo hubiera sido mi vida si esto no hubiera pasado, sobre todo porque perdí a mi papá y a mi mamá. Hay algo particular de lo que pasó con mi viejo que me coloca en el lugar de pensar en el “como si”, mi viejo tendría que haber estado preso con el resto de los compañeros y seguramente mi historia hubiera sido muy distinta si hubiera sido hija de un compañero preso, otra hubiera sido mi relación con La Tablada desde muy chica. Mi familia de ambos lados es muy politizada y atravesada por la dictadura y el genocidio, del lado paterno un hermano menor de él murió en el ‘75, era del ERP como mi viejo. Fue en el marco de un operativo en el cual el ERP puso una bomba en el edificio Libertad, eso falló y murió él solo, se llamaba Julio Provenzano. Del lado de mi vieja tengo una tía desaparecida, Pinky Lareu. Ambas familias, con diferentes ideologías y configuraciones de militancia y políticas, vivieron en carne propia lo que fue la dictadura militar, con pérdidas muy fuertes. La historia política del país siempre atravesó de manera muy patente mi historia familiar. Siempre supe lo que había pasado en La Tablada, desde muy chiquita intenté conocer más a mis viejos, más allá de los pequeños recuerdos que pudiera tener.

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