El secretario general del Sindicato de Telecomunicaciones (FOETRA), Claudio Marín, explicó por la 750 que sin ningún tipo de argumento, el Gobierno se niega a dar los acuerdos que ya están aprobados y firmados.
El Gobierno avanza con dos tipos de ajustes y achicamientos en el Estado. Por un lado, con el modelo tradicional de despidos a diestra y siniestra: el gabinete ya celebró más de 25 mil despidos y promete pisar el acelerador hasta llegar a los 75 mil. Pero hay otro camino, que es el que tomó en Arsat, donde a través del desgaste busca un vaciamiento gradual de la empresa pública estratégica y superavitaria.
Así lo explicó por la 750 el secretario general del sindicato de las telecomunicaciones (FOETRA), Claudio Marín, quien advirtió de una situación “única en su tipo”: “Mientras los salarios se atrasan en las empresas del Estado, acá hay una vuelta más de tuerca. Que es que los aumentos que se acordaron no se pagan desde diciembre”.
Esto implica que, tan solo con tomar los meses de octubre, noviembre y diciembre, los salarios ya están un 52 por ciento debajo de la inflación. A eso hay que sumarle todos los golpes recibidos en los primeros nueve meses del año bajo la gestión Milei-Caputo.
Marín fue enfático en este punto: “No están cobrando ni la disposición de la administración pública ni la que les corresponde en el sector de las telecomunicaciones. Están cobrando un 50 por ciento menos de salario. Es un caso único. Porque uno puede pensar que se niegan a dar aumentos, pero acá estaba fijado y dijeron que no se paga porque no se paga”.
Las respuestas a sus reclamos quedan en la nada: “A partir de ahí no logramos ni con denuncias a la OIT, con denuncias a Trabajo, ni con denuncias a la justicia laboral, nada. Porque no proponen nada ni nos dejan proponer nada”.
“Es una política clara de que la gente se canse, se vaya y se desmantele un plantel de trabajadores que es muy difícil conseguir”, explicó sobre la empresa pública que da ganancias por arriba de los 30 millones de dólares y brinda servicios claves al Estado nacional, a las provincias y municipios.
Fuente: Página/12